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| No está de más insistir: la democracia no
es suficiente si no va acompañada de ciertos valores
liberales, hoy extendidos a otras ideologías, como la
tolerancia, la libertad de expresión, el pluralismo, la
división de poderes –sin variar la vieja tesis de
que el poder frene al poder– o el respeto al Estado
de Derecho, garante de las reglas que eviten excesos de
políticos. De no imperar estos principios se puede ser
demócrata –basta con defender que los gobernantes
salgan de las urnas– y enemigo de la democracia si
desde los poderes públicos, una vez conquistados, se
recortan las libertades. "Suprimir la libertad,
cualquiera que sea el motivo, la ocasión y la manera de
suprimirla, favorece a los enemigos de la libertad",
llegó a avisar Azaña en sus críticas políticas
de los años veinte. La democracia, aclaraba Ortega y Gasset, responde a esta pregunta: ¿Quién debe ejercer el Poder público? El liberalismo en cambio, razonaba el filósofo, responde a esta otra: ejerza quien ejerza el Poder público, ¿cuáles deben ser los límites de éste? Se trata, pues, de dos conceptos heterogéneos que, juntos, se perfeccionan. Obviamente, los límites al Poder incomodan a quienes lo ejercen. Los hay que actúan convencidos de que su legitimidad democrática autoriza a sobrepasarlos. Y ese es un riesgo que tiene su ejemplo histórico: Hitler, aupado a la cancillería alemana tras su éxito electoral. Quedémonos, con todo, más cerca en tiempo y en espacio. ¿Qué tenemos cuando alguien promueve una idea, una estrategia, amparado en su mayoría electoral en una comunidad autónoma y esa idea es recurrida ante el Tribunal Constitucional? ¿Qué tenemos cuando ese alguien augura que si se acepta el recurso "se ha acabado la democracia para nosotros y, por lo tanto, se han acabado las reglas del juego"? ¿Qué tenemos cuando no se toleran limitaciones al poder o al partido propio y se niega el Estado de Derecho? ¿Un absolutista? Mucho más sencillo: tenemos un Arzalluz. |
Democracia y algo más
20 noviembre 2003